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Autora | Lucía Burbano
La Ley de IA de la UE es el primer reglamento integral que regula esta tecnología mediante una gobernanza de la inteligencia artificial. El objetivo es garantizar la seguridad, los derechos fundamentales y el despliegue de una IA centrada en el ser humano, además de fortalecer su adopción, inversión e innovación en toda la Unión Europea.
En el caso de las ciudades, esta ley impactará directamente en su ámbito de gestión, ya que las administraciones locales son consideradas tanto usuarias como, en algunos casos, desarrolladoras o contratantes de sistemas de IA. Para las urbes, el reglamento incluye nuevas obligaciones de gobernanza, transparencia y gestión de riesgos.
¿Qué es la Ley de IA de la UE y a quién afecta?
Esta ley pionera a nivel global transformará la gobernanza de la IA, ya que admite el potencial y los beneficios que sistemas y modelos de IA pueden aportar a la sociedad y economía y en términos de innovación. Sin embargo, reconoce que es preciso un marco legal adecuado para prevenir riesgos relacionados con la seguridad, los derechos fundamentales y sistémicos.
La Ley de IA de la UE clasifica estos riesgos en cuatro categorías.
Riesgo inaceptable
Son aquellos sistemas considerados una amenaza para los derechos fundamentales. Un ejemplo aplicable a las ciudades es realizar una identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos.
Alto riesgo
Los sistemas que pueden afectar significativamente a la vida, seguridad o derechos de las personas y que requieren de controles, documentación y supervisión humana. En el ámbito urbano, es el caso de una administración que usa un algoritmo para evaluar solicitudes de ayudas sociales o de vivienda pública.
Riego de transparencia
Se trata de sistemas que interactúan con personas y que, por tanto, deben cumplir criterios de transparencia. Por ejemplo, los chatbots municipales han de informar claramente al usuario que está interactuando con una IA.
Riesgo mínimo o nulo
Son aquellas aplicaciones de bajo impacto y que pueden utilizarse libremente, como filtros de spam en el correo electrónico, sistemas de recomendación de música o herramientas de IA que ayudan a organizar fotografías.
¿A quién afecta esta ley?
La ley tiene un alcance muy amplio y se aplica tanto a organizaciones públicas como privadas, dentro y fuera de la UE, siempre que el sistema de IA se comercialice o utilice en territorio europeo.
Por ejemplo, una empresa que use IA para filtrar currículums, un ayuntamiento que emplee IA para gestionar solicitudes de ayudas o un hospital que utilice algoritmos de diagnóstico pueden estar sujetos a obligaciones específicas de la Ley de IA de la UE.
La aplicación es gradual, y de momento, ya han entrado en vigor las prohibiciones y requisitos de alfabetización en IA (en febrero de 2025); las normas para modelos de IA de uso general (agosto de 2025) y desde agosto de 2026 se empiezan a aplicar las obligaciones para sistemas de alto riesgo y requisitos de transparencia. El reglamento completo será vigente a partir de agosto de 2027.
¿Cómo influye la Ley de IA de la UE en la implantación de tecnologías municipales?
La Ley de IA de la UE puede condicionar la implantación de tecnologías urbanas porque obliga a los ayuntamientos a evaluar, gestionar y supervisar el uso de sistemas de inteligencia artificial antes de desplegarlos en sus servicios públicos.
Acciones adicionales
Estos procedimientos cambian la forma de diseñar proyectos en las smart cities, ya que, hasta la fecha, muchas ciudades adoptaban nuevas tecnologías principalmente en función de su eficiencia o capacidad de ahorro. Ahora, deberán analizar otros factores como el nivel de riesgo del sistema, su impacto sobre los ciudadanos o posibles sesgos o discriminaciones.
Por ejemplo, un sistema de IA que optimiza los semáforos se someterá a menos exigencias que uno que decide qué familias tienen prioridad para acceder a una ayuda social.
Los servicios públicos digitales también se verán afectados, ya que muchos de ellos utilizan la IA en sus canales de atención ciudadana para gestionar incidencias urbanas o la energía de edificios públicos, predecir el tráfico y en sus gemelos digitales.
Más transparencia
Los ciudadanos deberán saber cuándo están interactuando con una IA, ya sea un asistente virtual o un sistema de IA generativa que redacte respuestas o informes. Asimismo, las decisiones relevantes no podrán automatizarse sin intervención humana.
Condiciona la contratación pública
Los ayuntamientos tendrán que exigir a los proveedores tecnológicos que demuestren el cumplimiento de la Ley de IA de la UE. Esto afectará a las licitaciones relacionadas con la movilidad inteligente, seguridad urbana, gestión de residuos y eficiencia energética.
Tal y como sucede con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la IA será un criterio de cumplimiento legal.
Imágenes | ismagilov/iStock, Javier Sancho de Altube/iStock, StockByM/iStock
