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Autora | Lucía Burbano
El pasado 6 de junio, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva que busca impulsar las capacidades nacionales de los drones para acelerar su integración en el Sistema Nacional de Espacio Aéreo, apoyar la fabricación nacional y agilizar los procesos normativos.
Una de las medidas más destacadas que incluye esta orden es el programa Police Drone as First Responder o DFR, que utiliza drones equipados con cámaras y otros sensores, para responder rápidamente a las llamadas de emergencia, proporcionando a los agentes un mapa de la situación en tiempo real.
Aunque varias ciudades estadounidenses ya utilizan drones como DFR, se espera que tras el anuncio de Trump, la cifra incremente sustancialmente en los próximos meses.
Así funcionan los DFR
Cuando se recibe una llamada de emergencia al 911, un piloto envía un dron desde una ubicación estratégica para que transmita vídeo en directo y datos de los sensores al piloto y a los agentes. Esto permite que puedan evaluar la escena, localizar potencialmente a sospechosos o víctimas y tomar decisiones más informadas sobre cómo manejar la situación.
Los drones como primeros intervinientes incluyen dispositivos como un altavoz que, en algunos casos, permite a los agentes resolver la situación a distancia, minimizando la necesidad de intervenir físicamente.
Los programas DFR ofrecen varias ventajas:
Tiempos de respuesta más rápidos
Los drones pueden llegar a la escena mucho más rápido que las unidades terrestres tradicionales, especialmente en áreas más grandes o si existe congestión del tráfico.
Mayor seguridad de los agentes
Al proporcionar conocimiento de la situación, los drones pueden ayudar a los agentes a evitar posibles situaciones peligrosas.
Reducción de los costes de respuesta
Los drones pueden ser una forma más rentable de recopilar información y evaluar situaciones si los comparamos con el envío de varios agentes o el uso de helicópteros.
Mejora de la recogida de pruebas
Los drones pueden capturar fotos y vídeos de alta calidad que pueden utilizarse como pruebas en las investigaciones.
Ajustar el marco legal al despliegue de los DFR
La ley ‘Unleashing American Drone Dominance’, del 6 de junio, busca normalizar los vuelos remotos que se producen más allá del campo de visión, la “traba” hasta la fecha para la implementación masiva de los DFR.
Aquellos departamentos de policía que ya utilizan drones para monitorear sus calles han pasado por un largo y complicado proceso para obtener una exención de esta prohibición que les permita realizar vuelos con drones como primeros intervinientes.
Desde el anuncio de Trump, la Administración Federal de Aviación ha acelerado el tiempo de aprobación de las exenciones DFR de unos 11 meses a uno o dos días.
Hasta el 11 de junio de 2025, esta administración había notificado 300 solicitudes de exención DFR en el marco del nuevo proceso. De ellas, 214 fueron aprobadas y 78 estaban pendientes.
Ciudades y estados de EE.UU. que ya utilizan drones como DFR
Actualmente, existen unos 260 programas DFR y 7.000 programas de drones de seguridad pública en EE.UU. El departamento de policía de Chula Vista, California, que lanzó el primer programa DFR en 2018, lo describe como “un método transformacional de vigilancia policial que ha demostrado la capacidad de aumentar la seguridad de los oficiales y la comunidad y reducir los tiempos de respuesta general de la policía”.
Desde su puesta en marcha, y según publica esta página web de la ciudad, se han realizado 3.577 arrestos. La mayoría han sido por situaciones de disturbios, violencia doméstica o emergencias médicas.
Otra ciudad californiana, la de Palm Springs, puso en marcha en mayo el mayor programa de drones como primeros intervinientes de Estados Unidos, con una cobertura de 37 millas cuadradas.
